Desde su instauración, ha habido voces que han pedido su cambio por otro distinto. Es cierto que estas opionones han estado atenuadas durante mucho tiempo, comandadas principalmente por Izquierda Unida, quien nunca ha dejado de reclamar la reforma. Para el resto de partidos, ya sean los dos grandes o los nacionalistas, el sistema les ha ido históricamente bien, por lo que se han conformado con él. Solo con la fragmentación del Congreso de los Diputados que se ha producido tras la irrupción, primero de Podemos y Ciudadanos, y luego de Vox, parece más plausible que una reforma, tras tanto tiempo, sea una realidad. De hecho, Jorge Urdánoz cree que hoy hay una posibilidad. “En esta legislatura, el escenario no es demasiado negativo porque el PSOE tendrá que pactar o con Podemos o con Ciudadanos y tanto uno como otro llevan la reforma electoral en su programa. Es un tema complejo pero que haya posibilidades no implica que se vaya a producir ese cambio”. José Manuel Pavía, también por teléfono, explica que ha habido reformas electorales autonómicas a raíz de pactos, como en la Región de Murcia. “Ha habido algunos cambios de leyes en Comunidades, precisamente porque fueron algunas de las condiciones que pusieron para pactar o permitir la investidura”. En cualquier caso, es complicado que una reforma pueda llegar a hacerse realidad. “Ningún sistema electoral gustará a todo el mundo. Este sistema electoral quería asegurar moderación en un momento complicado de la historia de España. Se puede cambiar, por supuesto, negociando. Pero es probable que los ganadores no quieran hacerlo. De hecho, solo lo critican quienes no les funciona, pero cuando sí les funciona, callan” explica Antoni Gutiérrez Rubí por correo electrónico. El politólogo añade que “no parece que vaya a haber cambios en breve. Y mucho menos en un momento de polarización política como este. Los cambios necesitan de acuerdos, de tolerancia, de diálogo”.
Como ya se ha comentado previamente, todo el sistema electoral descansa legalmente sobre el artículo 68 de la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 1985. Una posible reforma se puede constituir a dos niveles: la modificación tan solo de la LOREG o la del artículo 68 de la Constitución, que también implicaría un cambio en la legislación orgánica. La Carta Magna española, en el mencionado artículo, determina que el Congreso debe tener entre 300 y 400 diputados, que el sistema debe ser proporcional y que la circunscripción es la provincia. La LOREG detalla estos aspectos, estableciendo el número de diputados en 350 (art. 162), en dos el número mínimo de escaños por provincia (art. 162), la fórmula d’Hont - sin mencionarla por su nombre - para hacer el reparto (art. 163) y el umbral electoral en el 3% en cada provincia (art 163).
Esto quiere decir que sin la reforma de la Constitución, que necesita un amplio consenso e incluir en el acuerdo a PP o a PSOE, la maniobrabilidad para cambiar el sistema está realmente limitada. Por el artículo 168, se requiere que al menos un sesenta por ciento de ambas cámaras den su visto bueno al cambio constitucional, una circunstancia que se antoja complicada, aunque menos difícil que hace unos años, cuando los partidos bipartidistas monopolizaban el Congreso. Así, lo único que es posible realizar sin este consenso es modificar la LOREG. Al ser esta una Ley Orgánica, requiere también la aprobación tanto de Congreso como de Senado, aunque tan solo en la primera se debe obtener mayoría absoluta. A modo de resumen, cambiando la LOREG se puede cambiar el número de diputados siempre que no caiga por debajo de 300 o suba por encima de 400, se puede cambiar la fórmula d’Hont por otra y se puede cambiar el número mínimo de diputados por provincia. Para cambios que impliquen establecer una circunscripción autonómica o nacional y cambiar el sistema proporcional por uno mixto o mayoritario, es necesaria una reforma constitucional.
A continuación, se hará un repaso de las principales propuestas de reforma que han llevado los partidos en sus programas electorales durante el actual periodo democrático, información que se ha reunido tras acudir a los programas electorales de los partidos, así como al Informe sobre la Reforma del Sistema Electoral que Montero y Riera presentaron en 2008 a la Comisión de Estudios del Consejo de Estado.
PSOE y AP/PP son, paradójicamente, los partidos con más trayectoria en nuestro sistema electoral y los que menos importancia le han dado a una posible reforma del mismo en sus programas. Aunque ambos eran contrarios en un principio al sistema propuesto por UCD, terminaron asimilándolo como propio. En un principio Alianza Popular propuso un sistema mayoritario, creyendo que el atractivo de sus conocidas personalidades, como Manuel Fraga, podía dar un gran resultado a su partido. Sin embargo, una vez AP se estableció como segunda fuerza democrática a mitad de los 80, fue modificando su posición, posicionándose de una forma más favorable al sistema. Desde entonces, ha propuesto cambios menores, más relacionados con las elecciones a nivel municipal que nacional. En el 2000, con Aznar como candidato y posterior presidente, se proponía la “disposición a alcanzar un consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias para reformar la Ley Electoral General en aquellos aspectos que supongan un perfeccionamiento del actual texto legal”. En 2004, se proponía mejorar la relación entre elector y electo, sin dar más detalles. En las elecciones de 2015 y 2016, se incluía simplemente la voluntad de respetar que gobierne la fuerza más votada, en un momento en el que era evidente que los populares iban a ser primera fuerza, tal y como ocurrió.
Por su parte, el PSOE se vio beneficiado desde las primeras elecciones como segunda fuerza. Ya desde un primer momento, coincidían con el gobierno de UCD en que a la proporcionalidad se debían añadir ciertos correctores para evitar una excesiva fragmentación. El Partido Socialista fue, de hecho, el partido que estaba en el gobierno, con mayoría absoluta, cuando la LOREG fue aprobada. En el caso de este partido sí es posible encontrar más referencias a reformas electorales en los últimos años que en el caso del PP. En 1996 proponían establecer un nuevo sistema electoral que mantuviese el sistema proporcional, sin dar detalles, pero prometiendo desbloquear listas. En 2000 y 2004 el partido se prestaba de nuevo al debate para una hipotética reforma, sin proponer cambios más allá de listas abiertas o paridad entre géneros. En 2008, cuando estaba en el poder, sus medidas iban en pos de mejorar la participación, no de cambiar el modelo. En 2015-2016, el camino fue similar al de 2000 o 2004, con la insistencia en desbloquear listas y en la mejora de la proporcionalidad, pero sin dar detalles. Solo en 2011, cuando la derrota era segura, el partido propuso un cambio real, instando a un modelo alemán. En conclusión, las propuestas socialistas, salvo excepciones, han sido ambiguas a excepción de una reiterada petición del desbloqueo de listas, que nunca han puesto en marcha, ni siquiera en el gobierno.
El partido más belicoso con el sistema ha sido siempre el principal perjudicado del mismo: PCE, luego Izquierda Unida. Como tercera fuerza en un sistema donde difícilmente una fuerza no bipartidista ha tenido opciones reales de tener una buena representación, ha sido el partido al que la proporcionalidad ha respetado en menor medida. Es coherente que haya sido el partido que más propuestas haya puesto sobre la mesa. En las últimas dos décadas, las peticiones electorales se han ido repitiendo intermitentemente. Siempre demandan una reforma, pero en ocasiones se dan detalles y en otras se deja de una forma genérica. En 1996, se proponía subir a 400 el número de Diputados y además reformar la Constitución para instaurar una circunscripción autonómica y un sistema de restos para repartir escaños con los votos sobrantes. La propuesta de 2008 era similar, aplicando además la reducción a uno del número mínimo de diputados por provincia, antes de revisar la Constitución para cambiar la magnitud de la circunscripción.
En cuanto a los nacionalistas catalanes y vascos, se da el proceso contrario dado que el modelo actual les asegura su representación. En los últimos años ninguno pide cambiar el tamaño de la circunscripción para las elecciones generales e incluso hay menciones en los programas, como en el caso del PNV en 2004, que se opone a cualquier “ingeniería electoral” que pueda menguar la participación de los partidos vascos en el Congreso. Solo ERC en 2011 pedía aumentar el número de diputados y establecer en uno el mínimo de diputados por provincia, en un momento en el que su número de diputados era muy bajo. Además, tanto PNV en el 2008 como ERC en 2000 pedían una circunscripción autonómica… ¡En las europeas! Actualmente, estos son los únicos comicios en nuestro país donde la circunscripción es única a nivel nacional, por lo que un distrito autonómico mejoraría la presencia hoy exigua de los nacionalistas en el Parlamento Europeo.
En cuanto a los partidos nuevos que han surgido en el panorama español en los últimos años, hay que decir que sus propuestas son más atrevidas y suelen requerir la reforma constitucional. UPyD en 2008 y 2011 lanzaba propuestas ambiciosas. En 2008 incitó a establecer la circunscripción autonómica, dejando un número de diputados a repartir a nivel nacional único. En 2011, proponía bajar a uno el número de diputados mínimo por provincia y subir a 400 el número de diputados, eligiendo 200 de ellos a circunscripción única antes de cambiar la Constitución para establecer la circunscripción autonómica Por su parte, Ciudadanos también ha cambiado sus propuestas en el tiempo. El aún desconocido partido proponía en 2008 subir también a 400 el número de diputados, cambiar la fórmula d’Hont por un sistema de restos, bajar a uno el número de diputados mínimo por provincias y dejar 50 escaños para reparto de restos a nivel nacional. En las elecciones de 2015 y 2016 se habían acercado más a un sistema alemán con la mitad de la cámara elegida uninominalmente y la otra por distrito nacional por lista. Podemos en 2015 proponía cambiar la circunscripción y establecerla a nivel autonómico, usando una “fórmula de media mayor” para garantizar la igualdad. En cuanto a esto último, se asume que se refiere a que se usaría Sainte-Laguë, dado que las principales fórmulas de media mayor son esta última y la ya utilizada d’Hont.
Por último, PACMA proponía en 2016 establecer un sistema de circunscripción única para el Congreso de los Diputados a través de la cuota Hare. Hay que tener en cuenta que PACMA hubiese conseguido hasta cinco escaños con esta fórmula en esos comicios, y que actualmente es la fuerza extraparlamentaria más votada, por lo que son lógicas este tipo de propuestas. VOX, por su parte, a diferencia del resto de fuerzas, llevaba en su programa un sistema que en aquel momento y quizá todavía hoy seguiría siendo perjudicial para sus propios intereses: dos tercios del Congreso de forma uninominal a doble vuelta y un tercio de forma proporcional a distrito único para corregir la desproporción. Decimos que podría ser perjudicial porque es probable que en las segundas vueltas, al igual que le ocurre al Frente Nacional en Francia, se viera aislado, salvo quizá en un enfrentamiento con algún partido de izquierda alejado del centro.
En 2019, la línea de los principales partidos en cuanto a esta cuestión se ha suavizado. Ya no proponen grandes reformas. Solo PACMA sigue llevando en su programa el cambio de circunscripción de forma explícita, aunque Ciudadanos y VOX hablan de mejorar la proporcionalidad, por lo que también se sobreentiende que desean que la magnitud de distrito sea modificada. Los de Rivera, además, proponen dejar fuera de la cámara a quien no llegue al 3% del voto nacional. Podemos es quien mas se ha moderado: ya solo proponen cambiar la fórmula de reparto, cuando antes eran mucho más ambiciosos. Por último, PP y PSOE se han olvidado de esta cuestión y solo hablan de mejorar o eliminar el voto rogado.
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